Izquierda Unida de Rincón de la Victoria denuncia la absoluta irresponsabilidad y falta de planificación del Partido Popular, encabezado por Francisco Salado, que ha permitido que agentes de la Policía Local hayan tenido que realizar jornadas maratonianas de hasta 18 horas seguidas, contraviniendo la normativa laboral y de prevención de riesgos.
La legislación vigente es clara: el artículo 34.3 del Estatuto de los Trabajadores y la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo establecen que debe existir un descanso mínimo de 11 horas consecutivas entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente, mientras que el artículo 14 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, obliga al empleador –en este caso el Ayuntamiento– a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
“Estamos ante un hecho gravísimo que demuestra una planificación absolutamente deficiente”, ha señalado Izquierda Unida. “Permitir que los policías locales se vean sometidos a jornadas de tal magnitud no solo vulnera el derecho al descanso y a la salud laboral, sino que pone en riesgo la seguridad de los vecinos, ya que la fatiga afecta directamente a la capacidad de reacción en situaciones de emergencia”.
Izquierda Unida exige responsabilidades y medidas urgentes
Izquierda Unida reclama la depuración de responsabilidades políticas por la dejación de funciones en la organización del servicio de Policía Local. La formación política exige la implantación inmediata de un sistema de planificación eficaz que cumpla con la legislación vigente y garantice turnos adecuados, el número suficiente de efectivos y los descansos reglamentarios.
“La seguridad ciudadana no puede estar a expensas de la improvisación y el descontrol del equipo de gobierno”, ha recalcado la portavoz en el ayuntamiento, Rocío Calderón, y continúa:
“Exigimos medidas urgentes para evitar que esta situación se repita. Si el Ayuntamiento incumple su deber de proteger a los agentes y garantizar los descansos mínimos legales, se expone a responsabilidades administrativas e incluso penales por infracción de la normativa de prevención de riesgos”.