Rocío Calderón, coordinadora de IU Rincón y portavoz de Con Rincón en el Ayuntamiento, exige respuestas al equipo de Gobierno y una comisión de investigación para esclarecer los hechos
Izquierda Unida Rincón reclama transparencia y explicaciones ante la desaparición de cuatro armas de fuego reglamentarias de las dependencias de la Policía Local de Rincón de la Victoria.
La coordinadora de IU Rincón y portavoz del grupo municipal Con Rincón, Rocío Calderón, participó este lunes en una rueda de prensa conjunta con los grupos municipales del PSOE y Por Mi Pueblo, en la que la oposición reclamó al equipo de Gobierno que aclare las circunstancias en las que se produjo la desaparición del armamento y las actuaciones realizadas desde que se tuvo conocimiento de los hechos.
La situación plantea, a juicio de los tres grupos, importantes interrogantes sobre la custodia, control y supervisión del armamento policial, así como sobre el periodo transcurrido entre la detección de la ausencia de las armas y la presentación de la denuncia ante la Guardia Civil.
“No queremos excusas, queremos respuestas”
Rocío Calderón centró su intervención precisamente en la falta de información ofrecida por el equipo de Gobierno y en ese periodo transcurrido hasta la presentación de la denuncia.
La portavoz de Con Rincón reclamó conocer qué ocurrió durante ese intervalo, quién tuvo conocimiento de los hechos y qué actuaciones se llevaron a cabo antes de que se formalizara la denuncia.
“No queremos excusas, queremos respuestas.”
Calderón señaló que los vecinos y vecinas de Rincón de la Victoria tienen derecho a conocer qué ocurrió y anunció que Con Rincón solicitará, junto al resto de grupos de la oposición, una comisión de investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.
Una comisión de investigación para conocer qué ocurrió
La petición de la oposición pasa por disponer de la documentación municipal necesaria y conocer cómo funcionaban los mecanismos de control del armamento.
La comisión debería permitir reconstruir lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades políticas y administrativas correspondientes, incluyendo la comparecencia de los responsables técnicos y políticos que puedan aportar información.
Entre las cuestiones que permanecen sin respuesta están cuándo se comprobó físicamente por última vez la existencia de las armas, cuántas debían encontrarse en el depósito, si se había realizado un inventario completo y quién tenía atribuida la responsabilidad de su custodia y supervisión.
La investigación judicial no excluye el control político
Desde IU Rincón se considera necesario diferenciar la investigación judicial de las responsabilidades que puedan corresponder en el ámbito político y administrativo.
Los grupos de la oposición han dejado claro que no corresponde prejuzgar quién pudo sustraer las armas y que la investigación penal debe continuar con todas las garantías. Al mismo tiempo, entienden que esa investigación no puede impedir el control político de la gestión municipal.
Por ello, además de esclarecer quién pudo cometer materialmente la sustracción, resulta necesario determinar cómo fue posible que cuatro armas reglamentarias desaparecieran de dependencias policiales, qué controles existían, cuándo se detectó su ausencia, quién conocía los hechos y qué decisiones adoptaron los responsables políticos municipales.
Calderón reclama la dimisión del alcalde
Durante la comparecencia, Rocío Calderón reclamó directamente al alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, su dimisión, al considerar que la gravedad de los hechos y las responsabilidades políticas derivadas de la gestión de la Policía Local justifican esta exigencia.
Los tres grupos de la oposición han reclamado igualmente la celebración de un pleno extraordinario en el que el alcalde dé explicaciones ante la Corporación municipal sobre cuándo se tuvo conocimiento de la desaparición, por qué la denuncia se produjo posteriormente y qué actuaciones se llevaron a cabo durante ese intervalo.
Desde IU Rincón se seguirá exigiendo que el Ayuntamiento facilite la información y documentación necesarias para esclarecer lo sucedido y que se determinen las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan.
La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió. No queremos excusas: queremos respuestas.